80 en Madrid
600 en España
360.000 en el mundo
¿HAS OÍDO ALGUNA NOTICIA SOBRE ESTO?
¿Y NO TE PARECE QUE LxS TRABAJADORxS DEBERÍAMOS REACCIONAR?
En el año 2016 murieron más de seis trabajadores cada mes en la Comunidad de Madrid, la media supera los 11 trabajadores muertos a la semana en el Estado español, y pasa de largo de los 1000 diarios en todo el mundo. Son cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y de la OMT.
El empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, reforma laboral tras reforma laboral, está provocando que estas cifras suban cada año. Las malas condiciones laborales, precariedad, subcontrataciones, externalizaciones…, son causa directa de los accidentes en los trabajos.
Y son cifras que no recogen el empleo sumergido. Los periódicos hablan de entre 3 y 4 millones de trabajadorxs obligadxs a trabajar sin contrato, es decir, sin coberturas sociales y sin sanidad, muchxs de ellxs serán migrantes, a quienes el Estado negó la asistencia sanitaria básica. Es una realidad que se oculta, pero que supone que alrededor de un 15% de lxs trabajadorxs, quienes trabajan en las peores condiciones y están más desprotegidos, no figuren en las encuestas.
Si buscas por internet, podrás encontrar que en el año 2015 murieron, como resultado de conflictos armados 167.000 personas y, por terrorismo, unas 30.000 en todo el mundo. ¿Por qué si mueren dos veces más personas en el trabajo que en las distintas guerras activas, a nadie parece preocuparle? ¿Porque no paramos de oír hablar de terrorismo cuando sus víctimas no son siquiera un 12 % de las del capitalismo?
Quizás la causa de todo esto sea que se nos intentan presentar los accidentes laborales como una cuestión de mala suerte, sin responsables, o responsabilizando al trabajador, pero en todo caso una cuestión de mala suerte inevitable.
¿Es esto así?
El usar la palabra “accidente” para referirnos a las muertes y lesiones producidas mientras trabajamos ya nos dirige a pensar en algo fortuito, inevitable, pero esta no es la realidad. La valoración de los riesgos laborales por las empresas no se hace buscando su erradicación. La productividad y los beneficios son factores que para las empresas están por encima de nuestras vidas.
Tanto los estados como las empresas saben, como lo sabemos nosotrxs por nuestra propia experiencia, que más allá de los cumplimientos de las medidas de salud laboral, la precariedad, las horas extras, el exceso de carga de trabajo y los turnos rotativos y la flexibilidad, son la causa directa del incremento del riesgo de sufrir un accidente en el trabajo. Los trabajadores, sometidos a la presión del despido, aceptamos trabajar sin haber descansado lo suficiente, o a ritmos que nos impiden ser lo suficientemente cuidadosos, o enfermos. La respuesta de los “agentes sociales” (patronal y sindicatos) ante esto está lejos de avanzar hacia una estabilidad laboral que permita a los trabajadores poner límites a la avaricia empresarial. Por contra, abogan por la constante precarización del trabajo y el rehuir responsabilidades por medio de subcontratas de subcontratas. Estas, en caso de accidente grave, siempre pueden declararse en quiebra y la empresa que contrató a la subcontrata, continuará con su actividad sin asumir ninguna responsabilidad.
Rizando el rizo, el capitalismo ha buscado la manera de rentabilizar nuestros accidentes, obligando a los estados a desviar la sanidad relativa al trabajo a las mutuas. Las mutuas son empresas que, como todas las demás, sólo miran por su beneficio. Para colmo, no cuentan con las instalaciones ni lxs médicxs adecuados para atender accidentes graves y, en todo caso, a la hora de reconocer un
accidente como laboral o no y de valorar la duración de las bajas, mirarán por su cliente (tu empresario), y no por ti, el trabajador.
Aún más sangrante es ver cómo los distintos organismos internacionales miran para otro lado mientras las empresas transnacionales huyen de los países occidentales a otros países donde, no es que el precio del trabajo sea más barato, que lo es, sino que la seguridad laboral y medioambiental es inexistente. Sobre todo la falta de medidas de seguridad laboral y medioambiental, suponen un ahorro de miles de millones de euros para las transnacionales. Estas grandes empresas, usando las mismas estrategias que nuestros empresarios patrios, se habrán ocupado de no ser nunca los dueños de esas fábricas; pues pueden salir ardiendo causando centenares de muertxs, o producir vertidos que contaminen irreversiblemente cientos de kilometros, provocando enfermedades incurables a los habitantes de la zona. La responsabilidad recae sobre el empresario local, y la transnacional que los subcontrata queda desvinculada de lxs trabajadorxs que fabrican sus productos; salvando a la vez su capital (ahorrando indemnizaciones) y su imagen publicitaria.
Medidas sencillas como responsabilizar a las empresas de los accidentes ocurridos en las contratas que trabajan para ellas, o prohibir la importación de mercancías producidas en condiciones que no cumplan con la debida seguridad son tan impensables que nunca han sido planteadas. La lógica capitalista manda; nuestra seguridad y nuestra salud es una variable, supeditada a sus beneficios.
Es curioso cómo en las estadísticas oficiales se encuentran datos diferenciados por sector de producción, por sexo, por tipo de lesión, por comunidad autónoma, pero no hay datos algunos referidos a situación contractual ni a la antigüedad del trabajadxr en la empresa. No interesa que puedan relacionarse los datos oficiales de los accidentes laborales con la precariedad.
El escandaloso número de muertes producidas en el trabajo, no debe hacernos olvidar a los que no mueren; en 2016 hubo 1.289.000 accidentes en España; de los cuales 3.546 fueron graves. Son 3.564 trabajadores con lesiones graves y/o invalidantes. Y son datos referidos sólo a los accidentes físicos. Estos datos no nos incluyen a quienes desarrollaremos enfermedades producidas por nuestra actividad laboral; desde los problemas de la vista, las muñecas y la espalda de quienes trabajan en oficinas, pasando por los problemas óseos y musculares de quienes trabajan en la hostelería, la limpieza, el transporte o la construcción, hasta los cánceres de quienes trabajan con productos químicos en la industria. Y estos datos mucho menos a quienes, a consecuencia del acoso y la presión en el trabajo, sufren enfermedades mentales, de difícil recuperación. Por descontado, también quedan fuera todos los accidentados que no contaban con un contrato de trabajo para que su jefe se ahorre los pagos a la seguridad social.
¿Y cómo llamamos a la proliferación de suicidios desencadenados por la desesperación de la miseria provocada por los despidos masivos producidos en los últimos años?
El Estado, en su función de defensa del orden establecido, afronta las crisis de la única manera que sirve a su naturaleza: defendiendo el capitalismo, por encima de nuestras vidas; salvando a su señor, el dinero; a costa de pisotear a sus siervos, nosotras. Este es el motivo por el que a la vez que se inyectaban cantidades ingentes de dinero a los bancos, se recortaban de forma dramática nuestras pensiones y derechos laborales. Y por los que de forma encubierta, se burocratizan y complican los trámites para acceder a prestaciones tales como la jubilación por enfermedad, a la vez que se endurecen hasta lo irracional los criterios médicos para acceder a una pensión por incapacidad.
Así, mutuas e Instituto Nacional de la Seguridad Social, nos asestan el último golpe. Cuando ya no servimos a nuestras empresas, porque somos demasiado viejos o nos hemos roto trabajando para enriquecerles, nos mandan a las instituciones.Como tienen cosas mejores en que gastarse los dineros que nos incautan a través de los impuestos, tales como rescatar bancos o autovías, no dudan en poner todos los impedimentos posibles para que podamos acceder a nuestras pensiones y prestaciones. Y decimos nuestras porque el paro, las bajas y las pensiones, no son dádivas caritativas con las que el Estado nos cuida; sino que las pagamos nosotrxs todos los meses, en todas nuestras nóminas, como seguro de vejez y enfermedad, que luego nos recortan o nos deniegan y tenemos que reclamarlo.